Por Victor Jacinto Flecha
Con el descubrimiento del Archivo del Terror se devela la parte más atroz y terrorífica de la dictadura de Alfredo Stroessner. Se documenta los horrores y se constituye en un acervo histórico de la lucha del pueblo paraguayo contra la opresión. Es el mayor y más importante archivo descubierto de un régimen dictatorial y ha sido declarado por la UNESCO como Patrimonio documental mundial, en el Registo “Memoria del Mundo” y por ello es un hito del Bicentenario.
El 22 de diciembre de 1992 fue hallado el archivo secreto de la policía stronista. El hallazgo se produjo en un caldeado clima electoral debido a las internas de la Asociación Nacional Republicana (NR, Partido Colorado), el partido del régimen depuesto, que seguía siendo el partido oficialista, aunque profundamente dividido,.
Las luchas internas del Partido Colorado posibilitaron, en 1992, el “destape” de varios esquemas heredados de la época dictatorial, como el del “autotráfico”, en el que fueron involucrados varios militares de primer nivel (algunos participantes del golpe de Estado que derrocó a Stroessner). Este “destape” tuvo el efecto de una bomba, cuyas esquirlas y ondas expansivas fueron desnudando algunas cuestiones que la mayoría de los paraguayos sabía, pero para cuyo develamiento no existían ningún tipo de recursos, ni mucho menos, voluntad política. Aquí se unieron denuncia responsable y mecanismos que posibilitaron las investigaciones.
Esto era visto, por los analistas en ese momento, como el primer resultado de la nueva Constitución que estaba en vigencia desde junio de 1992. La Comisión Bicameral de Investigación de Ilícitos, al investigar los hechos denunciados de tráfico, descubrió las intervenciones telefónicas realizadas por la compañía telefónica por orden de los servicios de inteligencia, que ni siquiera podrían argumentar la razón de Estado puesto que los teléfonos espiados no sólo fueron los de los opositores al sistema político, sino que llegaba al propio corazón del sistema, ya que el propio presidente de la República también era espiado.
Es decir existía una razón autónoma de los servicios de inteligencia frente a la razón de Estado. En este marco, el descubrimiento de los archivos de la Policía de la Capital, respondía perfectamente a la lógica subyacente: el aparato pre-existente se hallaba absolutamente seguro de sí mismo y de que la nueva estructura del Estado no iría contra él, por lo que continuaba con sus mismas actividades sin siquiera intentar borrar sus huellas.
Ante el pedido de un Hábeas Data, nuevo derecho ciudadano otorgado por la muy reciente constitución democrática vigente desde junio de 1992, de un antiguo prisionero político del régimen stronista, la dirigencia policial, proveniente del antiguo régimen dictatorial y todavía en funciones durante el nuevo gobierno, ordenó el ocultamiento, de manera rápida y desprolija, del archivo de Investigaciones de la Policía de la Capital con el objetivo de destruirlo.
La persona considerada como el que descubrió los archivos es el Dr. Martín Almada. Aparentemente, datos filtrados de la propia policía permitieron a Almada y al Juez Agustín Fernández constituirse en el local de la Dirección de Producción de la Policía de la Capital, en las cercanías de Asunción, el 22 de diciembre de 1992.
El allanamiento del local policial posibilitó descubrir que parte de la edificación se hallaba clausurada y que correspondía al Departamento de Investigaciones de la Policía. Una de cuyas puertas, cerradas con grandes candados, fue forzada. Se encontraron toneladas de papeles de archivo. Una habitación de cinco por cinco repleta de documentos, los que se apilaban hasta dos metros de altura. Otra parte de la documentación se encontraba enterrada en el patio del local. La forma en la que fue encontrada dicha documentación evidenciaba que la misma fue trasladada a dicho lugar en forma apresurada y que todavía no hubo tiempo de destruirla, enterrarla o esconderla en otro lugar más seguro.
La prensa, al darle una cobertura al hallazgo de este archivo, como al contenido del mismo, puso en evidencia ante la comunidad nacional e internacional el sistema represivo que existió durante la dictadura y a los responsables directos de las innumerables violaciones de los derechos humanos. El escándalo nacional e internacional del archivo motivó que transcendiera también que la Oficina Nacional de Asuntos Técnicos[1], dependiente del Ministerio del Interior, seguía funcionando bajo responsabilidad de sus antiguos mentores: Antonio Campos Alum y Felipe Nery Saldivar. En enero de 1993, frente al escándalo suscitado por este descubrimiento fue clausurada dicha oficina. Sin embargo, los responsables de ella tuvieron suficiente cobertura oficial para huir del país.
Esta oficina elaboraba proyectos de estrategias represivas y reservaba para sí los operativos represivos de los casos más importantes. En sus dependencias tenía instalado todo tipo de instrumental para torturas. Así mismo, funcionaba como lugar de prisión. Esta oficina está acusada de la muerte por torturas de un sinnúmero de presos políticos. En el allanamiento hecho por el Juez Luis María Benítez Riera, después que el gobierno ordenó su clausura, se encontraron testimonios de que ahí estuvo detenido el dirigente comunista Derlis Villagra, desaparecido en 1975. En el edificio de esta oficina funciona ahora el Museo de las Memorias: Dictadura y Derechos Humanos.
El archivo descubierto se encuentra actualmente en el Palacio de Justicia con el nombre de “Museo de la Justicia y Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos” (M-CDyA), y está abierto para investigadores y público en general.
Se ha sistematizado la documentación y contiene diversos tipos de evidencia de las actividades que efectuaban los organismos represivos, policiales y militares, en la época de Stroessner. Existen, por una parte, varios miles de fichas de opositores al régimen stronista. Estas fichas contienen la individualización de personas detenidas en algún momento por los organismos policiales, con observaciones sobre esas personas y descripciones de las actividades que ellas realizaban. Contienen miles de fotografías y “resulta especialmente revelador de estas fotografías constatar que muchas personas que denunciaron haber sido objeto de torturas y respecto de las cuales los organismos policiales señalaban que habían resultado heridas al resistirse a su arresto, se encontraban en perfecto estado físico al momento de ingresar a los centro de detención” (Comité de Iglesias).
Existen también numerosos volúmenes conteniendo declaraciones de los detenidos. Estas declaraciones eran tomadas por los organismos policiales, muchas veces mediante tortura. La mayoría de estas declaraciones no tenían intención de servir como “cabeza de proceso”, ya que las personas eran detenidas y luego mantenidas por largo tiempo en prisión sin ser enviadas a la justicia.
En los archivos se pueden encontrar desde grabaciones de conversaciones telefónicas de opositores hasta grabaciones de programas de radio, pasando por fotografías de actos públicos, actividades culturales, documentación incautada en allanamientos practicados, hasta los informes de sus informantes policiales. También se pudo encontrar una lista de los mismos.
El descubrimiento del “Archivo del Terror” como se lo denominó en forma popular, puso en evidencia, tanto el sistema represivo paraguayo, así como documentos que vinculan a gobiernos extranjeros. Particularmente clara es la participación directa, para la conformación de la Oficina Nacional de Asuntos Técnicos, del Departamento de Estado de los EE. UU. de Norteamérica.
Por otro lado, esta es la fuente documental más completa y concreta que sirvió para denunciar con pruebas documentadas la existencia del “Operativo Cóndor”, a través del cual las fuerzas policiales, militares y los organismos de inteligencia de Paraguay, Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, conformaron una red coordinada de intercambio clandestino de presos políticos, informaciones, secuestro, torturas, y/o desapariciones forzadas.
El hallazgo del archivo no sólo fue importante en cuanto a la evidencia del funcionamiento del sistema represivo, sino que representó la mayor prueba contra los responsables de violaciones a los derechos humanos. En ese sentido, los archivos sirvieron como pruebas fundamentales en varios causas que investigaban violaciones de los DDHH y que fueron abiertas contra varios ex policías torturadores y contra el ex jefe del Departamento de Investigaciones de la Policía de la Capital, Pastor Coronel, quien falleció en prisión.
El Archivo constituye un importante elemento de prueba de las víctimas de la dictadura en sus demandas contra el Estado paraguayo y es el mayor testimonio de lo que una dictadura puede inferir a un pueblo.
Estos documentos, además de su importancia jurídico-histórica, deben constituirse en elementos de concienciación al respecto de las atrocidades de las que fueron capaces los gobiernos que gozaron de impunidad en cuanto al ejercicio discrecional de un poder absoluto, tanto para nuestro país como para los países de todas las latitudes del mundo.
Hoy estamos llamados a mirar y aprender de dicho pasado reciente, a efectos de que, con la mirada lúcida, seamos capaces de construir un presente y un futuro mejor para todos nosotros, así como para las generaciones venideras.
[1] La temida y tristemente célebre “Técnica”.
