Por Victor Jacinto Flecha
La revolución febrerista supone un cambio radical en la estructura política del Paraguay. Fue derogada la Constitución Nacional vigente desde 1870, por un movimiento revolucionario dirigido por militares. Emergieron las FF.AA. como principales actores de la estructura política del Estado. Se implantó desde ese momento una forma de gobierno autoritario inaugurando la larga etapa de las dictaduras militares, vigente por más de medio siglo, hasta 1989.
El 17 de febrero de 1936 una sublevación militar derrocó al gobierno constitucional del Dr. Eusebio Ayala y nombró Jefe de Gobierno al Coronel Rafael Franco, a quien días antes el gobierno de Ayala había enviado al exilio. El movimiento revolucionario tuvo características similares a los múltiples golpes de estado que se habían dado en los 60 años previos. Sin embargo, fue el fin de la forma republicana del Estado desarrollada por más de medio siglo y el inicio de la mutación del poder público con la irrupción militar y su estructura en el ejercicio del poder de la República, sobre una base autoritaria con preeminencia del poder ejecutivo por sobre los otros poderes del Estado.
El golpe militar del 17 de febrero del 36 tuvo su origen en la Guerra del Chaco. La amplia movilización de la ciudadanía elevó de forma inusitada el nivel de participación e integración social de la población paraguaya y por primera vez, desde la guerra de la Triple Alianza (1864-1870), el paraguayo común volvió a sentirse actor del quehacer nacional. Luego del período de euforia por la victoria frente a Bolivia, el gobierno debía responder las expectativas de los soldados desmilitarizados que buscaban mejorar sus vidas. Si la guerra había posibilitado una integración nacional como nunca antes, el conflicto social generado por injusticias cuestionadas desde los años 20, fue también masivo y generalizado.
Las FF.AA., que demostraron capacidad y eficiencia en la guerra, internalizaron la idea de que ellas serían “el pilar fundamental de la patria” y las llamadas “providencialmente” a “instaurar un nuevo orden político”, contaban con el respaldo social de la Asociación de Ex-combatientes, con más de cien mil afiliados, en una población total del país, de menos un millón de habitantes. El “ejército en armas”, reza la Proclama del Ejército Libertador del 17 de febrero, se constituía en el “portavoz” y en el “vehículo de las transformaciones anheladas por las masas populares”. Esta “autoconstitución” de las FFAA, como ente político y gestor de la “vida misma de la Patria”, les permitió derogar la Constitución Nacional, disolver el Congreso Nacional y gobernar a través de Decretos -Ley, emitidos por la presidencia de la República.
El movimiento de febrero no tenía un modelo de país a construir. Las organizaciones que lo acompañaban eran, más bien, un vasto abanico de intereses sociales que reivindicaban la “la cuestión social” en el marco de una “ideología nacionalista”. El común rechazo a la política gubernamental liberal fue un elemento aglutinador entre los diferentes grupos mientras se trataba de destruir ese poder, pero no pudo ser un elemento suficiente para crear un espacio político diferente y una nueva forma de estado consensual.
Los primeros días del proceso revolucionario fueron entusiastas con la común idea de poner fin al régimen oligárquico gestado después de la derrota contra la Triple Alianza. Las organizaciones obreras, junto a sectores de izquierda lucharon por impulsar un carácter democrático y antiimperialista a la Revolución y su cabeza visible era el ministro de Educación, Anselmo Jover Peralta. Por su parte, el sector fascista había logrado ubicarse en puntos claves del gobierno – los ministerios del Interior, de Agricultura, la Policía de la Capital y la Intendencia Municipal de Asunción – apostaban hacia un Estado totalitario. El abanico gubernamental se completaba con el canciller Juan Stefanich, máximo líder de la “Liga Nacional Independiente”, que aspiraba a reformar el poder oligárquico, sin la transformación estructural de la sociedad.
Cuando el proceso reivindicativo de los obreros fue ingresando en los “feudos” capitalistas de los yerbales, fábricas de tanino y otras empresas de capital predominantemente anglo-argentino, éstos reaccionaron con una orquestada campaña que acusaba al gobierno paraguayo de comunista, por no reprimir al movimiento huelguístico. En este contexto el sector fascista logró hacer aprobar por el gobierno la Ley Nº 152, el 10 de marzo de 1936, en la que se definía que la “Revolución Libertadora en el Paraguay reviste el mismo carácter que las transformaciones sociales totalitarias de la Europa contemporánea”. El Decreto 152 establecía el arbitraje obligatorio del Estado en materia de conflictos laborales frente al capital, la identificación del “movimiento” (febrerista) con el Estado, la suspensión de las actividades políticas, sindicales o de otra índole, y la “movilización de los voluntarios”.
Con este Decreto se inicia una contraofensiva reaccionaria. Los patrones y empresarios se niegan a negociar, como días antes lo habían hecho, con los sindicatos fortificados. Si bien a finales de marzo, la Confederación Nacional de Trabajadores contaba con más de 12 mil integrantes, no logra imponer su visión de “revolución de Liberación nacional”.
Sin embargo, el 5 de mayo el gobierno decreta “Ley de la Reforma Agraria” que, según los considerandos, buscaba “la destrucción del monopolio de la tierra” y que “ésta dejara de ser objeto de especulación y retornara a la posesión del pueblo que la trabaja y la hace producir, para hacer tangible la idea de la patria física en la familia agraria”. Tras reconocer que “sobre el millón de habitantes, el número de propietarios no excede el 5%…”, el Estado “adopta como criterio para la reestructuración agraria (…) el principio de que la tierra es de quien la trabaja”. Pese a esas declaraciones, esta ley es contradictoria pues, por una parte, busca el fomento de la pequeña propiedad, pero no prevé ninguna participación de los posibles beneficiarios en el “Consejo de la Reforma Agraria”, organismo creado por el Estado para la distribución de las tierras. Las tierras expropiables no podían exceder de dos millones de hectáreas (Art. 3), lo que representaba solamente el 5% de las tierras latifundiarias.
Las tensiones en el gobierno del Cnel. Franco se agudizaron en el mes de mayo de 1936. Primero fueron apresados el Secretario General de la Central Nacional de Trabajadores y presidente del Partido Nacional Revolucionario, dirigentes de base y otros colaboradores del gobierno, ubicados en la izquierda y en los días siguientes (12 y 13 de mayo) se declaró una huelga general. Inmediatamente, el Ministro de Educación, Jover Peralta, fue destituido de su cargo. Pero el 14 de ese mes, la Convención de la Asociación Nacional de Ex-Combatientes, con 100.000 miembros y uno de los puntales del proceso, logró la renuncia de los Ministros del Interior y de Agricultura, ambos de inocultable ideología fascista. En tres meses, el gobierno se había alejado tanto de la extrema derecha como de la izquierda.
Se consagró a José Gaspar Rodríguez de Francia, Carlos Antonio López y al Mcal. Francisco Solano López como padres de la patria. Se creó el Departamento Nacional del Trabajo, que consagró la jornada de 8 horas, vacaciones pagas y el aguinaldo; pero al mismo tiempo, prohibía el funcionamiento de las organizaciones obreras. Todo problema surgido entre el patrón y el obrero debía ser arreglado por el Departamento Nacional del Trabajo. El 13 de agosto de 1937, el gobierno fue derrocado por una sublevación militar que repuso a un liberal (Félix Paiva) en el gobierno.
Consideraciones sobre los sucesos del ‘36
Con la “Revolución de Febrero” de 1936, el Estado, bajo conducción militar emergió como el actor fundamental de dirección y organización de la sociedad paraguaya. Pasada la euforia revolucionaria, el gobierno reprimió al movimiento obrero e intentó crear una central de trabajadores subordinada a las directivas estatales. Fundó el Departamento del Trabajo, estableciendo las garantías y obligaciones correspondientes a obreros y patrones, con el propósito de lograr una solución a los conflictos obrero-patronales. Dictó una Ley de Reforma Agraria que no llegó a perturbar a los intereses latifundistas, e intentó organizar un partido político que pudiera responder a los intereses del germen del nuevo Estado, pero no logró movilizar a las masas.
La matriz de la forma estatal autoritaria militar tuvo inicio con el Decreto Ley Nº 152 de 1936, “De Defensa de la Paz Pública”. Con este decreto de corte totalitario se dio el inicio al Estado Militar. Las tendencias posteriores que germinaron con la instauración del régimen revolucionario de 1936, crecieron en los gobiernos militares de Estigarribia y Morínigo, hasta llegar a su máximo desarrollo con la dictadura del Gral. Alfredo Stroessner, habiendo perdido ya toda idea de justicia social que integró la propuesta de la Revolución Febrerista.
