Cabe recordar que en abril de este año, la ex ministra Bartolozzi había presentado una denuncia “en contra de personas innominadas sobre hechos punibles de lesión de confianza, estafa, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y producción mediata e inmediata de documentos públicos de contenido falso y otros hechos punibles”. La misma fue basada en la Auditoría General del Poder Ejecutivo de la Presidencia de la República.
Al respecto, las actuales autoridades afirman que dicha denuncia está basada en la manipulación de los hechos, a la vez de cometer irregularidades, ya que la auditoría practicada no respetó el debido proceso, violando principios constitucionales.
Los cargos que hacen parte de la denuncia penal presentada por Bartolozzi se agrupan básicamente en dos procesos, de los tantos desarrollados en el marco de la conmemoración del Bicentenario.
· La ejecución del Programa Vy’a Guasu
· El Programa Ciudadela Cultural de Asunción, particularmente las obras en el Puerto Histórico de Asunción y en los galpones de FEPASA (Artigas y Perú).
· Luego, aparecen dos acusaciones. Una referida al proceso de compra de la Casa Bastianaggi, otra, respecto a la provisión de elementos de limpieza.
El texto de la auditoría refiere a otros temas, como por ejemplo, la falta de informes por parte de los asesores del bicentenario, cuando, entre sus responsabilidades, tales informes no eran requeridos, como sí lo fueron los múltiples debates y artículos que produjeron. También se refiere a las supuestas irregularidades en la restauración de la planta alta del Ferrocarril Central, donde se inauguró el Centro Cultural “La Esperanza”. Aquí, como en otras obras, Bartolozzi actuó de la misma manera: justificó su inacción indicando supuestas debilidades, desconociendo que las gestiones para atenderlas estaban en curso desde la administración precedente.
Los más de 30 tópicos del Informe de Auditoría o no tienen fundamento o están fundados en la manipulación torpe y maliciosa de los hechos y las documentaciones.
En la denuncia se desconocen informaciones documentales que fueron públicas, llegando a decirse, incluso, que no hay información acerca de las celebraciones del bicentenario, cuando las mismas fueron transmitidas por los diferentes medios de comunicación del país, incluyendo la TV Pública. O se comete el error de denunciar la no continuidad de una póliza de seguro (referida a una de las obras de Ciudadela) cuando la misma vencía el 1 de agosto del 2012, bajo la gestión de Bartolozzi, desnudando la incapacidad de su administración.
Auditoría financiera y de gestión que, entre sus responsables, no contó con técnicos en políticas públicas de cultura
La auditoría realizada, además de financiera, fue de gestión, hecho que exige la participación de técnicos competentes en los temas a ser auditados, desde la perspectiva de la gestión pública cultural. El equipo auditor careció de tal característica. Es procedente preguntarse, por lo tanto, ¿en función de cuáles criterios pudieron emitir consideraciones sobre aspectos programáticos?
El equipo responsable de la gestión de agosto 2008 a junio 2012 de la SNC, elaboró un descargo a partir de la denuncia, dando respuesta a cada uno de los puntos. Tal documento está disponible para cualquier persona interesada.
Fotografías: Gentileza de la Cámara de Diputados
